El Ministerio de Trabajo comenzó ayer la negociación con los agentes sociales de una nueva regulación de las políticas activas de empleo, que son aquellas de formación, orientación e inserción para parados y ocupados que quieren mejorar su empleabilidad. Estas políticas incluyen también los incentivos empresariales a la contratación y creación de empleo.
Así, la propuesta de real decreto entregada ayer a patronal y sindicatos y que ya ha sido negociada con las comunidades autónomas configura “los contenidos esenciales de los programas comunes de políticas activas de empleo”, que diseña el Estado pero que ejecutan los servicios de empleo regionales de las autonomías.
La nueva normativa, que pretende sustituir a todas las anteriores sobre esta materia, establece una suerte de catálogo de distintos programas formativos y de orientación e incentivos a la contratación que podrán escoger las comunidades para ejecutar el presupuesto estatal que se distribuye anualmente entre las regiones para que gestionen este tipo de políticas. Estas acciones subvencionadas están destinadas fundamentalmente a tres colectivos: las personas desempleadas registradas en los Servicios Públicos de Empleo; los ocupados que también están registrados como demandantes de empleo para mejorar o mantener su puesto; y los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El texto recoge una serie de herramientas e instrumentos para “fortalecer las carreras profesionales estables”: para ello se promueven los incentivos a la contratación fija; y, por otro lado, se refuerza que los programas públicos de empleo-formación se articulen por medio de contratos de trabajo (formativos o de prácticas o cualquier otro pero dentro de la normativa laboral vigente). Esto significa que en estos programas no podrán utilizarse otros mecanismos como becas u otras herramientas similares.
El artículo 17 del borrador de Real Decreto que está en discusión es el que regula el Programa de incentivos a la contratación. Aquí se establecen las cuantías de referencia para los incentivos incluidos en este decreto y para el resto de los que quieran aplicar las comunidades autónomas con la financiación estatal que les corresponde anualmente.
Cuantías de referencia
Así, el Real Decreto que propone Trabajo indica que la contratación indefinida inicial podrá subvencionarse, cuando se celebre a tiempo completo, con las siguientes cuantías de referencia:
“Con carácter general, las normas o bases reguladoras podrán prever una subvención de 4.000 euros (4.500 euros si la persona contratada es mujer, mayor de 45 años en el caso de personas con discapacidad o perteneciente a cualquier otro colectivo vulnerable que determine el Servicio Público de Empleo)”.
Mientras que el incentivo será de 5.500 euros (6.000 euros si la persona contratada es mujer, mayor de 45 años en el caso de personas con discapacidad u otros colectivos que fijen los servicios de empleo) siempre que los contratos se celebren con: beneficiarios del ingreso mínimo vital o ayudas similares; personas con discapacidad; retornados del extranjero; mujeres en sectores mayoritariamente masculinos o aquellas que lleven más de 24 meses tras parto o adopción; mayores de 45 años y cualquier otro colectivo que determinen las comunidades. Y podrá llegar hasta los 7.000 euros (o 7.500 si son mujeres mayores de 45 años discapacitadas) cuando los contratos se celebren con personas en riesgo de inclusión mayores de 45 años desempleadas de larga duración o, nuevamente, cualquier otro colectivo que determinen los servicios de empleo.
Además, cualquiera de estas subvenciones se elevará “hasta en 2.000 euros cuando la contratación indefinida se realice por trabajadora o trabajador autónomo, o por una cooperativa o sociedad laboral, que contrate a su primer empleado”.
Para recibir estas ayudas con dichas contrataciones la empresa debe estar creando empleo neto para evitar la sustitución de trabajadores. Y si la jornada no es a tiempo completo la cuantía del incentivo se recortará en la misma proporción; siempre siendo como mínimo una jornada del 50% de la completa.
Asimismo, la transformación en indefinidos de contratos temporales, incluidos los contratos formativos, se subvencionará con una cuantía de referencia de hasta 4.000 euros (5.500 euros en caso de discapacidad).
De esta forma, la norma que se acaba de empezar a negociar establece todas estas cuantías de referencia a efectos de su financiación. En ese sentido prevé que dichas cuantías «podrán ser modificadas o actualizadas mediante orden ministerial y, en su caso, complementadas por las Administraciones públicas competentes, si bien hasta un porcentaje máximo de incremento a fin de evitar posibles desequilibrios entre las cuantías que se establezcan en distintos ámbitos territoriales para los mismos programas comunes».
Colaboración público-privada
Esta nueva normativa recoge la colaboración público-privada en la gestión de estas políticas y en la inserción laboral aprobada por el anterior Gobierno del PP, al señalar que “los Servicios Públicos de Empleo podrán gestionar todos estos programas de políticas activas de empleo mediante gestión directa con sus medios propios, o bien mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho”.
Trabajo prevé que el Servicio Público de Empleo Estatal diseñará con las comunidades un modelo de colaboración público-privada o público-pública para realizar la prospección empresarial e intermediación laboral que tenga en cuenta distintos criterios, entre ellos, “el abono de un incentivo por cada inserción laboral conseguida por las agencias o entidades colaboradoras de hasta 2.500 euros, graduándose en función de las características del empleado”.
Se considerará que la inserción laboral se ha conseguido cuando éstas sean contratadas por una duración igual o superior a 6 meses. Esta duración se podrá alcanzar con la suma de varios contratos sucesivos cuando las personas insertadas pertenezcan a colectivos especialmente vulnerables. Además, si la jornada laboral del contratado es inferior a la completa este incentivo se reducirá proporcionalmente. Si bien dicha jornada no podrá ser inferior al 50% de una completa.
CC OO rechazó ayer este planteamiento tras la reunión con Trabajo, al considerar que con la propuesta del Mininisterio «se institucionaliza la externalización de una gran parte de los servicios prestados, sin preservar el liderazgo de los servicios públicos de empleo y sin asegurar la calidad de las acciones que se ponen en marcha.
EL OBJETIVO: PONER FIN A LA PRECARIEDAD
- Seis ejes. La nueva regulación de las políticas activas pretende establecer un marco de referencia estatal en torno a seis ejes: La orientación laboral –para lo que promueven e incentivan la contratación de personal cualificado–; la formación; las oportunidades de empleo; la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo; el emprendimiento; y la mejora del marco institucional, incluyendo, sobre todo, una política de evaluación de resultados de las políticas. Toda esta normativa se tiene que terminar de negociar con los agentes sociales y volver a recibir el visto bueno de las comunidades, que son las competentes para ponerlas en marcha. Desde el Ministerio de Trabajo manifestaban ayer que sus objetivos con esta normativa son erradicar la precariedad laboral y reforzar las ayudas a los más vulnerables.
- Vuelta del talento. Las regiones podrán subvencionar con el dinero estatal el desplazamiento de titulados en España que se hubieran ido al extranjero por motivos laborales, en el supuesto de que regresen para ser contratadas de forma fija o para iniciar una actividad por cuenta propia. Asimismo se podrá subvencionar su contratación fija o podrán acogerse a los beneficios del emprendimiento de esta ley.
