– 306.000 trabajadores pendientes de su indemnización.
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) –encargado de abonar los salarios y las indemnizacione a los trabajadores de empresas insolventes o declaradas en concurso– acumulaba a 31 de marzo de 2014 más de 201.600 expedientes sin tramitar que afectaban aproximadamente a unos 306.500 trabajadores.
Así lo reconoce el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado socialista Miguel Ángel Heredia, en la que Empleo también precisa que el dato de los trabajadores afectados es únicamente una “estimación”. De hecho, algunas empresas en concurso abren un solo expediente que afecta a varios trabajadores y, en otras ocasiones, un mismo trabajador tiene más de un expediente, por salarios y por indemnización.
Este atasco calculado a finales de marzo está por encima de los 181.579 expedientes que estaban pendientes a 30 de septiembre de 2013, cuando se alcanzó la cifra más alta desde 2008.
La comunidad con mayor acumulación es la de Cataluña, con 53.431, seguida por Madrid, con 38.801; la Comunidad Valenciana, con 36.218; Andalucía, con 20.180; y Galicia, con 13.814 expedientes.
Así, la mayoría de los trabajadores afectados están también en Cataluña (81.215), en Madrid (58.977) y en la Comunidad Valenciana (55.051), aunque también presentan cifras elevadas las regiones de Andalucía (30.673), Galicia (20.997), Canarias (11.997) y Murcia (10.399).
Ponerse al día en octubre
El pasado 28 de mayo, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, avanzó en el Senado que el Fondo de Garantía Salarial está resolviendo 16.000 expedientes mensuales, con lo que espera ponerse al día de los 150.000 acumulados hasta 2011 el próximo mes de octubre.
Además, en otra respuesta parlamentaria del pasado mes de febrero, el Ejecutivo cifraba en 216 días la antigüedad media de los expedientes pendientes de tramitar por el Fogasa, si bien los más antiguos datan de 2012, con algunas “excepciones” anteriores que “o bien están pendientes de anulación por duplicación o bien tienen una problemática compleja”.
Esta situación se debe, según el Gobierno, a un “aumento de solicitudes a causa de la crisis económica”, que ha provocado que “en varias unidades provinciales del organismo se hayan acumulado un número muy alto de expedientes pendientes de tramitación”.
Para aliviar la situación, el Fogasa hizo una encomienda de gestión (vía intermedia entre la contratación de empleados públicos y la externalización del servicio) para que los trabajadores de la empresa pública Tragsatec, filial de Tragsa, gestionara la mayor parte de los expedientes atrasados.
Si bien la falta de práctica de estos trabajadores en dicho servicio ha retrasado la gestión, según fuentes sindicales. Además el Fogasa aumentó su plantilla en 136 efectivos el año pasado. Empleo insiste en que esta colaboración se extinguirá cuando se agote la bolsa de expedientes atascados.
(Noticia extraída de EXPANSIÓN)
