Las consejerías de Agricultura y de Economía del Gobierno de Aragón preparan una orden conjunta para flexibilizar el Real Decreto aprobado por el Gobierno central para facilitar la contratación de temporeros y lograr así una mayor disponibilidad de mano de obra para la campaña agrícola. El objetivo es «adaptar la aplicación de dichas medidas a la realidad territorial y demográfica aragonesa». La norma nacional establece que los productores frutícolas podrán contratar a aquellas personas cuyos domicilios, o lugar en el que pernocten temporalmente, estén en el mismo término municipal o limítrofe que el lugar de trabajo. Un concepto de «proximidad» que el Gobierno aragonés extiende al conjunto de la Comunidad autónoma, por los que podrán contratarse temporeros «con independencia del municipio de residencia habitual o temporal del trabajador y del municipio donde se ubica el lugar de trabajo».
Así lo trasladó ayer jueves por el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, a los responsables de las organizaciones agrarias, de Cooperativas Agroalimentarias y de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón, con quienes mantuvo una reunión por videoconferencia.
Olona explicó a los representantes del sector que el Ejecutivo de Javier Lambán contempla la posibilidad de poner a disposición del sector el transporte escolar con el propósito esencial de que los trabajadores puedan ir y volver en el día desde su domicilio a las explotaciones frutícolas. Este servicio se ofrecerá preferentemente a las Organizaciones de Productores de Fruta y Hortaliza (OPFH) y sus socios «por ser las entidades que más y mejor contribuyen a la concentración de la oferta, un objetivo si cabe más importante ahora que nunca», señaló el consejero.
Además, y para garantizar a los empresarios la disponibilidad de equipos de protección para los trabajadores, Olona explicó que ya se ha iniciado, con la colaboración de las organizaciones que representan a las cooperativas y a la agroindustria, la distribución de 50.000 mascarillas.
El consejero reconoció las complicaciones que plantea la atípica campaña frutícola, por lo que hizo un llamamiento «a la responsabilidad y comprensión del sector» para que, ante la prioridad sanitaria a la que obliga el vigente estado de alarma y las inevitables dificultades a las que el Covid-19 exige hacer frente, asuma «que no va a ser una campaña normal».
Se podrá cazar
Ante las reiteradas peticiones del sector para que se considerase como esencial la caza (paralizada por el estado de alarma), el consejero anunció la «inminente» publicación en el BOA de una orden por la que se establecen medidas de control de poblaciones cinegéticas.
«La caza expresamente orientada al control poblacional de las especies cuya sobrepoblación ocasiona daños agrícolas graves, supone amenazas sanitarias relevantes para la ganadería o conlleva riesgos apreciables para los ciudadanos y los ecosistemas, no cabe considerarse como una mera actividad recreativa ni deportiva, sino que, en el contexto del Covid-19 y una vez superado el primer mes de estado de alarma, constituye una actividad que debe formar parte de las expresamente declaradas como esenciales, por su repercusión en la cadena alimentaria o la propia seguridad ciudadana», manifestó el consejero. Por eso, la orden permitirá la caza, manteniendo las más estrictas medidas de seguridad y sanidad, de jabalí, conejo, corzo, ciervo y cabra montés, siempre que exista una declaración responsable del alcalde sobre la gravedad de los daños y riesgos ocasionados en el municipio afectado. Eso sí, en ningún caso podrán formarse grupos de más de dos personas, y tendrán que cumplir las recomendaciones las autoridades sanitarias en distanciamiento social y transporte y en equipos de protección.
