El Gobierno prevé mantener las ventajas de los ERTE aunque decaiga el estado de alarma. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, quien ha afirmado que el «paraguas jurídico» de los ERTE es el estado de alarma, pero si este sucumbiera el Gobierno «valoraría todas las opciones» con el objetivo de evitar un «efecto negativo» en los trabajadores.
La prórroga del estado de alarma, que se debate este miércoles en el Congreso de los Diputados, pende de un hilo después de que el Partido Popular, Ciudadanos y PNV anunciasen que no la apoyarán o que todavía no tienen decidido su voto, mientras ERC ha asegurado que será negativo. Una decisión que echaría por tierra todas y cada una de las medidas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia, y dejaría sin efecto a las más de 3 millones de personas en España sujetas a un erte por fuerza mayor.
«Hay que apelar a la responsabilidad del conjunto de fuerzas políticas para que tengan en cuenta el conjunto de elementos que dependen del estado de alarma», ha señalado este martes el secretario de estado de Empleo en una comparecencia para evaluar los datos del paro. Acto seguido, Pérez Rey, ha avanzado que, en caso de que el estado de alarma decayese en España, el Ejecutivo elaboraría un plan B para no dejar a todos estos trabajadores desamparados.
FLEXIBILIZACIÓN DE LOS ERTE
El Gobierno también trabaja en la flexibilización de los ertes para acompasar el retorno de la actividad empresarial. Pérez Rey ha afirmado que la negociación está «abierta» en la mesa de diálogo social y las posibilidades de llegar a un acuerdo se mantienen. «El acuerdo es factible porque la finalidad de todos es la misma», ha añadido el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo.
Además, el ministerio dio a conocer el viernes que las empresas que estuvieran aplicando expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) pondrán renunciar a estos progresivamente para parte o toda la plantilla y «facilitar su tránsito» hacia las reducciones de jornada, «que suponen un menor impacto económico sobre la persona trabajadora».
En la actualidad 5,1 millones de personas están cobrando una prestación por desempleo, un récord histórico ante el abultado número de ERTE. Según las cifras de la Seguridad Social, a 30 de abril, 3,4 millones de afiliados estaban afectados por un erte de suspensión total o parcial, de los que el 91% son ertes por fuerza mayor. Los expedientes que no hayan sido reconocidos antes de esa fecha, se empezarán a reconocer esta semana, según ha señalado el secretario de estado de Trabajo. Pérez Rey ha anunciado un acuerdo con la Confederación Española de Cajas de Ahorro, al que espera que se sumen también las distintas entidades financieras, para establecer un mecanismo para que el pago pueda ser anticipado. Además, en los casos en los que la prestación no haya tenido en cuenta los hijos a cargo, el servicio público de empleo realizará de oficio esta regulación.
INGRESO MÍNIMO VITAL
El secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, ha confirmado que la «intención» del Ejecutivo es aprobar el ingreso mínimo vital en el mes de mayo para proceder a su cobro en el mes de junio. Una renta básica que podría rondar los 500 euros y que irá dirigida a proteger a las familias más vulnerables.
