El último balance de denuncias por incumplimiento del real decreto del estado de alarma facilitado el 3 de mayo por el Ministerio del Interior cifraba en 806.595 el número de propuestas de sanción en curso a nivel nacional. Y de ellas, según la Delegación del Gobierno, un total de 25.700 se habrían impuesto en Aragón. Sin embargo, los abogados advirtieron ayer de la posible nulidad de muchas de estas denuncias y prevén una «avalancha» de recursos en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Lo hicieron durante una jornada de formación ‘on line’ organizada por elColegio de Abogados de Zaragoza en las que participaron más de 230 letrados y en la que los especialistas José Antonio Sanz y Francisco García Berenguer analizaron la forma en que se están tramitando tanto las sanciones administrativas como las penales durante el confinamiento impuesto por la covid-19.
Como experto en materia administrativa, José Antonio Sanz habló de la «clara inseguridad jurídica» que a su juicio plantea el real decreto dictado el pasado 14 de marzo, «ya que no establece su propio régimen sancionador, sino que dice que el incumplimiento del confinamiento será sancionado conforme a otras leyes ya existentes». Para el abogado zaragozano, no queda nada claro que todas las sanciones que se están imponiendo tengan que arbitrarse conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015. «Nos pretenden redirigir de alguna manera a esta única norma, lo que entra ya en contradicción con la postura de la Abogacía del Estado», explicó Sanz. De hecho, recordó que el pasado mes de abril esta dictó un auto para unificar criterio en los distintos territorios en el que afirmaba que las multas podrían sancionarse conforme a tres leyes: la de Seguridad Ciudadana (2015), la de Protección Civil (2015) y la de Salud Pública (2011).
Choque de competencias
Y¿por qué es importante que sea de acuerdo a una ley u otra cómo se tramiten las denuncias? Porque en algunas de estas normas los organismos competentes para instruir los expedientes son las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos. «Por lo tanto, si se canalizan todas las sanciones a través de las delegaciones del Gobierno, como ha decidido hacer el Gobierno, nos podemos encontrar con un choque de competencias que podrá ser alegado por los ciudadanos para impugnar las multas», advertía el abogado zaragozano. Recordaba, además, que el estado de alarma no ha alterado el régimen de competencias. A modo de ejemplo, explicaba que las infracciones detectadas por las policías locales podrían tramitarlas por tanto los consistorios.
Desde el Colegio de Abogados de Zaragoza recordaban ayer que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo arrastran históricamente una enorme cantidad de trabajo, por lo que, ante el previsible incremento de los expedientes derivado de las sanciones del estado de alarma, lo aconsejable sería ir preparando un refuerzo de personal.
Cuestionan algunas detenciones
Los abogados creen que los agentes de la Guardia Civil y de las distintas Policías deberían haber recibido unas órdenes más concretas por parte del Gobierno de España en cuanto a cómo y cuándo llevar a cabo una detención por el incumplimiento del estado de alarma. «Estamos hablando de más de 7.000 detenidos en toda España, más de 125 en Aragón. Son unas cifras desorbitadas», aseguraba ayer el especialista en derecho penal Francisco García Berenguer durante la jornada formativa organizada por el Colegio de Abogados de Zaragoza.
Para el letrado, la mera reiteración de un incumplimiento no puede implicar de por sí un arresto. «Pero los agentes no pueden dedicarse a analizar qué régimen sancionador aplican en cada caso ni cuál es el bien jurídico a proteger, tendrían que tener unas indicaciones previas precisas», dijo. Para García Berenguer, «lo que está claro es que, si una persona, tras ser advertida de forma directa de que tiene que irse a casa, no acata la orden, hablaríamos ya de una resistencia o desobediencia. Y sí estaría justificada la detención».
(fuente heraldo de aragon)
