Los impuestos han sido el principal escollo para que los socios del Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos, alcanzasen un acuerdo, el pasado fin de semana, sobre el plan presupuestario para 2021 que aprueba hoy el Consejo de Ministros. Finalmente, las cuentas incorporan una relevante reforma tributaria, que busca elevar la recaudación en 9.197 millones, que sin ir tan lejos como marcaba el pacto de Gobierno sí anticipa a la recuperación económica importantes medidas que afectan a casi todos los impuestos.
El plan, que ha sido negociado durante semanas entre la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Asuntos Sociales, el responsable económico de Podemos Nacho Álvarez, modifica Sociedades, IRPF, Patrimonio, rebaja deducciones, eleva la presión sobre los planes de pensiones y contempla nuevos impuestos a los plásticos o las bebidas azucaradas.
El objetivo, según se informó recientemente a Bruselas, es que la reforma tributaria arroje 6.874 millones de ingresos en 2021 y otros 2.323 en 2022, coincidiendo con la liquidación de algunas de las principales figuras impositivas.
Con estas medidas, y los 22.400 millones de ingresos adicionales fiados a la recuperación económica, el Gobierno aspira a elevar la recaudación en 33.500 millones, lo que situaría el nivel de ingresos en el 40,3% del PIB (frente al 41,7% al que saltará este año como consecuencia del desplome del tamaño de la economía, o el 39,2% de 2019).
El objetivo es sentar las bases de una reforma tributaria más ambiciosa, y de corte progresista, a lo largo de la legislatura y mandar a Bruselas un mensaje de responsabilidad fiscal en un momento en el que España espera obtener 72.000 millones de euros en subvenciones comunitarias para paliar la crisis del Covid.
A su vez, hay que comenzar a cubrir costes. Las cuentas que se presentan son las más expansivas de la historia democrática en cuestión de gasto, que ha saltado del 41,9% al 53% el PIB entre 2019 y 2020 y se tratará de reconducir al 48% en 2021 con la mejora del tamaño del producto interior bruto. La idea es comenzar a rebajar el déficit, pasando del 11,3% estimado para este año al 7,7%.
A falta de conocer la letra pequeña, los anuncios del Gobierno desvelan en buena medida algunas de las reformas solo sugeridas a Bruselas en el plan presupuestrio para 2021, que incluyen un alza de la imposición directa para ingresar 550 millones en 2021 y 1.724 millones en 2022; o un incremento de 1.724 millones en imposición indirecta el año que viene, más otros 215 millones el siguiente año.
En todo caso, la propia Montero avanzó que las medidas puestas en marcha son prudentes, y que se dejan otras de mayor calado para más adelante, una vez consolidad la recuperación, en aras de lograr esa “fiscalidad del siglo XXI” que pregona. Estas son las principales medidas tributarias que contempla el plan presupuestario aprobado este martes por el Consejo de Ministros:
Sociedades
La principal novedad en el impuesto de Sociedades es que el Ejecutivo retoma su idea de limitar las exenciones por dividendos y plusvalías aplicadas a las participaciones de las empresas españolas en filiales extranjeras. Actualmente, esas aportaciones están sujetas a una exención del 100%, que el Gobierno viene planeando rebajar al 95%. De esta forma, ese 5% de beneficios tributarían al 25% que marca el impuesto. La medida ha sido muy criticada por el empresariado que alega que se incurrirá en una doble tributación, la de la filial en el país en que opera y la que aplicará España sobre esa parte del beneficio repatriado.
Para empresas de menos de 40 millones de negocio, esta norma no aplicará durante tres años, a fin de no afectar a las pymes. Sí que incidirá sobre 1.739 empresas de las más de 1,5 millones existentes, el 0,12% del total.
El Gobierno ha dejado de lado su principal objetivo en el impuesto de Sociedades, la fijación de un tipo mínimo del 15% para evitar que las empresas, sometidas a un nominal del 25%, acaben pagando por debajo de ese umbral aprovechando beneficios fiscales. El mínimo sería del 18% para banca y las petroleras, sujetas a un 30%.
IRPF
En el campo del impuesto sobre la renta, PSOE y Podemos había acordado impulsar un alza del gravamen de dos puntos sobre las rentas de más de 130.000 euros y de cuatro puntos sobre las de más de 300.000 euros. Finalmente, sin embargo, el alza será de dos puntos a partir de los 300.000 euros de ingresos anuales.
Para hacerse una idea de lo limitado de la medida, conviene tener en mente que solo hay 53.188 contribuyentes con rentas superiores a 200.000 euros anuales en todo el país. Como resultado, el tipo marginal aplicado a este grupo pasará en líneas generales del 45% al 47%, si bien el umbral varía con fuerza entre regiones y oscilará entre el 45,5% de Madrid y el 50% de Cataluña, por ejemplo.
En paralelo, el Gobierno revisa la fiscalidad del ahorro, para incrementar el gravamen en tres puntos a partir de los 200.000 euros logrados con inversiones, participaciones bursátiles, y otras fórmulas.
Patrimonio
El Ejecutivo ha dejado finalmente de lado la idea de Podemos de crear un impuesto específico sobre las grandes fortunas, si bien ha aceptado elevar la presión fiscal que ya se ejerce sobre ellas a través del impuesto de Patrimonio.
En este campo, el plan presupuestario contempla un alza de un punto en el tipo aplicado a los patrimonios de más de 10 millones de euros, del 2,5% al 3,5%. Además, convierte este tributo (que hasta ahora se prorrogaba año tras año ante una previsible derogación) en indefinido.
Socimis
El plan presupuestario también eleva la presión sobre las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, las Socimi, sobre las que se aplicará una tributación mínima del 15% a los beneficios contables de estas entidades.
Fiscalidad de los planes de pensiones
Siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Ejecutivo pretende reducir las ventajas fiscales de las que gozan los planes privados de pensiones.
En este terreno, el Estado deja de percibir anualmente 1.643 millones de euros al no gravar las aportaciones de 2,4 millones de beneficiarios de estos planes, si bien el límite exento se rebajará ahora de 8.000 a 2.000 euros, mientras que se fomentarán los planes de empresa, para los que se elevan hasta los 10.000 euros las aportaciones libres de tributación.
IVA
El Gobierno no tocará la fiscalidad de la sanidad y la educación privadas, exentas de IVA, pese a que en algún momento se barajó elevar la tributación de estas actividades.
Tasa Google
Aunque el plan presupuestario no lo incluye, porque ya ha sido aprobado en el Parlamento, el Ejecutivo cuenta con tener operativo a partir del 16 de enero el nuevo impuesto sobre los negocios digitales, la llamada Tasa Google.
El tributo busca recaudar 968 millones en 2021 gravando al 3% las operaciones de publicidad online, intermediación digital entre consumidores o la venta de datos de usuarios de las compañías que facturen al menos 750 millones en el mundo y tres en España.
Tasa Tobin
Del mismo modo, el plan tampoco incluye el impuesto sobre las transacciones financieras, la tasa Tobin, pero esta fue aprobada en paralelo a la Tasa Google, y entrará en vigor a mediados de enero.
Su objetivo es ingresar 850 millones de euros anuales, gravando al 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones.
Medidas antifraude
También fuera del Presupuesto queda la ley de medidas antifraude recientemente reimpulsada por el Ejecutivo, para ingresar 828 millones de euros anuales, limitando el pago en efectivo entre profesionales a 1.000 euros; ampliando la lista de morosos o mejorando la lucha contra la elusión fiscal.
Impuesto al plástico
Otra de las novedades previstas por el Ejecutivo para 2021 es la creación de un impuesto a los envases de plástico no reutilizables, para ingresar 491 millones de euros en el próximo ejercicio.
Gravamen a las bebidas azucaradas
Sin ánimo recaudatorio, y en pos de la salud alimenticia, asevera el Gobierno, el plan incorpora elevar el tipo de IVA aplicado a las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, a fin de ingresar 340 millones en 2021 y 60 en 2022.
Fiscalidad verde
El Gobierno también informó a la Comisión Europea de que su plan pasa por incrementar las figuras tributarias ligadas a la “fiscalidad verde” a partir del ejercicio 2021. Se reduce la bonificación fiscal del primero, para dejar el tipo estatal general de este combustible en 34,5 céntimos, frente a 30,7 actuales o los 40,07 céntimos de la gasolina. Para un depósito de 50 litros, son 3 euros con el IVA incluido.
De aquí se deriva que Hacienda ultima retomar la equiparación del gravamen del diésel al de la gasolina a fin de obtener 1.311 millones en 2021 y 50 millones adicionales en 2022.
