La utilización masiva de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la actual crisis económica causada por la pandemia mundial de Covid-19 ha cambiado la óptica desde la que las empresas abordan sus ajustes de costes. Gracias a esta herramienta, que ha llegado a proteger el empleo de 3,4 millones de asalariados, la destrucción de empleo entre mediados de marzo y finales de abril (cuando desaparecieron casi un millón de empleos casi todos temporales) no fue mucho mayor.
Ante esta evidencia, la vicepresidenta económica y ministra de Economía, Nadia Calviño, ya sugirió en agosto que el diálogo social debería abordar si los ERTE deberían “transformarse desde el instrumento de choque que son ahora a una oportunidad para que los trabajadores reciban formación y se recualifiquen, en línea con lo que hace Alemania”.javascript:falsePUBLICIDAD
Ahora, el Gobierno habría retomado esta idea pero introduciendo un matiz: para que las empresas pudieran utilizar estos ERTE en mejores condiciones como medida de ajuste alternativa a los despidos deberían tener plantillas con más contratos fijos, según fuentes conocedoras del proyecto. Y tanto Economía como Trabajo estarían buscando la fórmula más adecuada.
Con ello se perseguiría consolidar este tipo de ajustes temporales como vía de flexibilidad para las empresas alternativa al uso de los contratos temporales. Y que, en todo caso, los ERTE sean prioritarios ante los despidos, insisten otras fuentes conocedoras de esta fórmula, aún no del todo diseñada. Al fin y al cabo, la temporalidad, en ambos modelos tiene un coste para las arcas públicas porque el trabajador va al desempleo de forma rotatoria. Si bien, el modelo de consolidar los ERTE como vía más común de flexibilidad interna “solo funcionará si hay dinero para las empresas”, indican fuentes vinculadas a una organización empresarial. Se refieren con ello a la posibilidad de que se mantenga algún tipo de exoneración de las cotizaciones empresariales.
No obstante, fuentes del diálogo social aseguran que la propuesta no les ha sido formulada oficialmente en la mesa de negociación. Entre otras cosas, porque no se ha iniciado el diálogo sobre la reforma laboral, la derogación de sus aspectos más lesivos y posibles nuevas medidas, en cuya negociación se enmarcaría este nuevo diseño de los ERTE.
Planes de formación
Además, la consolidación de estos ajustes temporales de empleo iría acompañada, según la idea que maneja el Ejecutivo, de planes de formación para los trabajadores afectados por las suspensiones, de idéntica manera que ocurre en el modelo alemán de ERTE. De hecho, el Ministerio de Trabajo ya ha dado un primer paso en ese sentido, aprobando una orden ministerial que da prioridad a los afectados por ERTE para participar en cursos formativos para parados y ocupados.
Todo ello para intentar acabar con una tasa insoportable y endémica de temporalidad que afecta en España a uno de cada cuatro trabajadores (24%). Esta tasa de eventualidad llegó a un máximo del 34,5% en el tercer trimestre de 2006. Cuando arrancó la crisis financiera de 2008, la tasa de temporalidad superaba el 30% y cinco años después había caído al 21%, lo que evidenció el ensañamiento de la crisis contra el empleo temporal.
Pero a nadie se le escapa que este uso de los ERTE tendría un elevado coste presupuestario, y que seguramente iría acompañado de una elevación de las cotizaciones por la contingencia de desempleo. En ese punto, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, recomendó recientemente al Gobierno que buscara la vía de engarzar las reformas estructurales de la economía que le exige Bruselas con los fondos europeos para la recuperación a fin de financiar con estos “los costes de transición” que generarán dichas reformas.
Precisamente, una de las exigencias de las autoridades europeas más reiteradas es la necesidad de acabar con la excesiva dualidad del mercado de trabajo, muy polarizado entre los trabajadores con contratos indefinidos y mejor protección y los temporales, con condiciones mucho más precarias. Este esquema tan dualizado –y que también ha generado las críticas del Fondo Monetario Internacional (FMI)– es la principal razón por la que España destruye más empleo que los países europeos en las crisis, ya que el primer ajuste al que recurren las empresas es prescindir de los temporales según agotan sus cortos contratos.
LA TASA DE ESCRIVÁ QUE NO GUSTA A DÍAZ
- Contratos de corta duración. Otra de las fórmulas que habría barajado el Gobierno dentro de un paquete de medidas más amplio para eliminar la excesiva temporalidad y rotación laboral, dentro de las exigencias de Bruselas a España, consistiría en la aplicación de una tasa en el momento de dar de baja un contrato que se termine para eludir el pago de cotizaciones en fines de semana o periodos vacacionales. Esta idea la puso sobre la mesa recientemente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Sin embargo, esta medida no convence en el Ministerio de Trabajo, donde consideran que el freno a esa práctica empresarial abusiva debe llegar de la mano de la Inspección de Trabajo, según las fuentes consultadas.
- La Inspección. De hecho, también los propios inspectores de Trabajo mostraron su malestar, tras el anuncio de Escrivá, al considerar que el control sobre ese tipo de abusos contractuales es competencia exclusiva de este cuerpo de la Administración. “Si Escrivá quiere hacer algo sobre este asunto que esté dentro de su campo de actuación, que aplique una sobrecotización o eleve la que ya existe para los contratos de muy corta duración”, indican desde la Inspección.
