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El colapso en la Seguridad Social persiste casi diez meses después de que estallara la pandemia de coronavirus. Así lo denunció este domingo UGT en un comunicado, donde advirtió de que diariamente continúan produciéndose multitud de quejas de personas usuarias que tienen que atender a procedimientos que necesitan obligatoriamente una cita, lo que se convierte en una tarea absolutamente imposible.
«En la mayoría de las oficinas de la Seguridad Social de toda España la respuesta es que no hay citas, que quedan pocas o que serán para dentro de un mes», según apunta el sindicato liderado por Pepe Álvarez, que señala que se está convirtiendo en «un foco de frustración ciudadana», aunque reconoce, no obstante, que ha mejorado la atención telefónica.
Por ello, UGT reclama más medios para solucionar este colapso y poder atender adecuadamente todos y cada uno de los procedimientos. Asimismo, pide que se articulen los mecanismos necesarios que permitan a las personas usuarias acceder fácilmente a la Administración, lo que -apunta- es un derecho de todos los ciudadanos. En esta línea, el sindicato considera que hay que prestar especial atención a los colectivos más desfavorecidos y con menos medios para acceder de forma telemática o telefónica. Por ello, demanda que se refuerce la citación y atención presencial con el objetivo de que estas personas «no queden en un limbo administrativo y sin respuesta».
Plantilla bajo mínimos
La Seguridad Social se encuentra en mínimos, precisamente en uno de los momentos más críticos, cuando, además de pagar las nóminas de nueve millones de pensionistas, sobre ella recae ahora la gestión del ingreso mínimo vital y de nuevas prestaciones por la pandemia. El número de efectivos se ha reducido en más de un 21%, al pasar de tener cerca de 30.500 trabajadores en 2010 a poco más de 23.900. Es decir, que ha perdido 6.553 empleos en los últimos diez años. Y todo apunta a que la sangría seguirá, puesto que se trata también de la Administración más envejecida: tres de cada cuatro trabajadores tienen más de 50 años; incluso la edad media de sus funcionarios se sitúa en los 58 años, por lo que están a las puertas de la jubilación.
