La intención de Hacienda es convocar al inicio de 2021 al comité de expertos que debe analizar la reforma fiscal integral y que contará con el plazo de un año para aprobar sus conclusiones, comité que estará abierto no sólo a las universidades y a las empresas que se dedican al ámbito financiero, sino también a los técnicos tributarios de comunidades y entidades locales.
Tras los cambios fiscales introducidos en los Presupuestos de 2021, que el Gobierno considera meros «retoques», como la subida del IRPF a las rentas más altas, el aumento del Impuesto de Patrimonio a partir de 10 millones de euros, la subida del IVA para bebidas azucaradas o el recorte de la deducción empresarial por repatriación de dividendos, Hacienda quiere introducir en las próximas cuentas públicas una reforma fiscal más ambiciosa, que englobe a la totalidad de las figuras impositivas y recorte la brecha fiscal de siete puntos del PIB que separa a España de la media europea.
Es el caso del Impuesto de Sociedades, ya que, según Hacienda, no tiene el rendimiento deseado y es preciso revisar los beneficios fiscales y realizar un análisis de la utilidad de algunas de sus deducciones.
Según fuentes de Hacienda, parte de las actuales deducciones del impuesto tuvieron su efecto en un primer momento y posteriormente se «amortizaron», y en otros casos es preciso analizar si tienen sentido en un periodo más corto de tiempo o si hay que extenderlas más años pero con algunos «matices».
Otras deducciones están directamente «obsoletas» y no cumplen con la utilidad para la que fueron creadas, mientras que, por el contrario, hay deducciones que «faltan» en materia de medioambiente o para favorecer la digitalización, según el departamento que encabeza María Jesús Montero.
En cuanto al sistema de módulos por el que tributan algunos autónomos y cuya eliminación se pide desde algunos ámbitos, Hacienda considera que sería conveniente ir avanzando hacia una tributación por los beneficios reales que se obtengan, ya que cuando se tributa por módulos es muy difícil «afinar», y cree que el proceso actual de digitalización de las pymes permite cada vez más saber cuáles son los beneficios reales sin cargar en exceso de burocracia a los pequeños negocios.
Respecto a los impuestos al alcohol y al tabaco, Hacienda estará a expensas de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero en el caso concreto del tabaco, considera que el precio diferencial que tiene España con el resto de Europa debe ir corrigiéndose para que cada vez menos personas fumen.
También en temas de impuestos especiales Hacienda sigue defendiendo la equiparación paulatina de la tributación del diésel y la gasolina -se incluyó un aumento de la fiscalidad del diésel en los Presupuestos que decayó para conseguir el apoyo del PNV-, ya que, a su juicio, la diferencia actual «no tiene razón de ser» y España tiene la tributación del diésel más baja de la zona euro.
En materia de IVA, Hacienda quiere analizar el impuesto con «calma», aunque admite que España hace un mayor uso de los tipos reducidos que otros países de Europa y que la recaudación por este impuesto en relación con el PIB es menor que en la media de la UE.
Armonizar los impuestos gestionados por las comunidades autónomas, en concreto Sucesiones y Donaciones, y Patrimonio, es otro de los objetivos de la reforma fiscal que quiere aprobar el Gobierno este año, además de analizar cuáles son las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza.
Lo que quiere evitar Hacienda, que insiste en que no se trata de ir contra ninguna comunidad, es que regiones que tienen una menor capacidad recaudatoria se vean obligadas a subir mucho la presión fiscal para tener la misma recaudación que otras que sí se pueden permitir bajar impuestos porque tienen más empresas o una mayor riqueza.
Además de estos cambios en figuras ya existentes, Hacienda cree que España, con una de las fiscalidades medioambientales más bajas de Europa, tiene margen para introducir nuevas figuras tributarias que favorezcan la economía verde, que vendrán a completar los nuevos tributos sobre los envases de plástico de un solo uso y el que gravará los residuos.
El panorama fiscal se completa con la entrada en vigor, este año, de dos nuevas figuras impositivas: el impuesto a las transacciones financieras, conocido como ‘Tasa Tobin’, y el impuesto sobre determinados servicios digitales, o ‘Tasa Google’, con los que el Gobierno espera recaudar unos 1.800 millones de euros.
Junto con la reforma fiscal, la lucha contra el fraude es otra de las prioridades del Ministerio de Hacienda de cara a 2021. En este sentido, el Ministerio de Hacienda elaborará un estudio para realizar una «mayor aproximación» a la economía sumergida, que en España tiene una «distribución asimétrica» en el conjunto del territorio y se concentra especialmente en determinadas provincias o comarcas.
Por ello, Hacienda y la Seguridad Social van a establecer un plan conjunto de lucha contra la economía sumergida, en el que van a trabajar equipos multidisciplinares, con inspectores laborales y de Hacienda.
