Tal y como informa hoy Heraldo de Aragón, entre los cambios de la reforma laboral con los que el Gobierno se ha comprometido ante la Unión Europea para recibir los Fondos de Recuperación se encuentra la estructura de los futuros ERTE, una vez que este año venza esta protección extraordinaria por el coronavirus. Darán paso a un «mecanismo de ajuste interno» que aporte «flexibilidad» a las empresas para que puedan desprenderse de forma esporádica de sus plantillas, pero que a la vez «garantice el empleo» de los afectado.
Los ERTE han llegado para quedarse, como viene repitiendo el Ejecutivo en los últimos meses. Pero para garantizar su viabilidad, tendrán que ser tanto los empresarios como los empleados, así como la Administración, los que aporten la financiación necesaria. Habrá que poner en marcha un fondo público que se nutrirá con «la contribución de empresas y trabajadores» realizadas a través de sus cotizaciones en los años de crecimiento. El Estado también aportaría dinero, en buena medida gracias al fondo de Recuperación comunitario. Esa bolsa «proporcionaría los recursos necesarios para la remuneración y formación de trabajadores» afectados por las crisis venideras. Solo en el último año, el Estado ha destinado al abono de los ERTE por covid-19 casi 40.000 millones de euros.
Ese es el planteamiento que ha plasmado el ejecutivo en el documento completo del Plan de Recuperación y Resiliencia remitido a Bruselas el pasado viernes día 30, pero que no fue expuesto ante la opinión pública hasta este miércoles. Uno de los pilares de ese programa aborda la reforma laboral y apunta a la necesidad de que los nuevos ERTE permitirán una «reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa». Se trata de una medida que permitiría «reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los periodos de baja actividad, minimizar el recurso al despido y facilitando la reactivación del trabajador cuando termine el shock».
