El Banco de España (BdE) alerta del fuerte impacto de la pandemia del Covid-19 en las cuentas españolas y advierte de que el estímulo del Banco Central Europeo (BCE) será insuficiente para afrontar la recuperación. El supervisor exige varias reformas estructurales al Gobierno para evitar el colapso de la economía española. Entre ellas, recomienda abaratar el despido a la mitad. Propone una indemnización por despido de 16,5 días por año trabajado para despidos improcedentes, a 10 días para los despidos objetivos, y a 6 días para la finalización de contratos temporales. Los topes máximos de indemnización permanecerían inalterados.
«La profunda transformación estructural que necesita la economía española exige el diseño de una estrategia integral», apunta el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. El BdE publicó ayer su memoria anual. El documento incluye una serie de reformas sobre la economía española para el corto, el medio y el largo plazo. El organismo destaca el papel del Banco Central Europeo para paliar los efectos de la pandemia, con la aprobación del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés). «Las decisiones de política monetaria adoptadas por el Banco Central Europeo han tenido una singular relevancia, dado que han otorgado margen de actuación a las autoridades fiscales para extender y mantener las medidas de apoyo a la economía», apunta Hernández de Cos.
Sin embargo, el supervisor considera que «es preciso definir e implementar sin demora una estrategia integral de reformas estructurales». La memoria recoge la necesidad de corregir la desigualdad de los trabajadores temporales con un sistema mixto que combine la rebaja a la mitad del coste por despido con el establecimiento de un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, pero implantado con ayuda del Estado y los fondos europeos.
No es la primera vez que el Banco de España sugiere la implantación de la denominada mochila austríaca, planteada ya en la reforma laboral socialista de 2010, pero en esta ocasión calcula el hipotético coste de implantación, superior a los 9.000 millones de euros, y propone que el Estado financie unos 8.000 millones con cargo, al menos parcial, a los fondos europeos.
El documento repasa los retos estructurales que afronta la economía tras la pandemia de Covid-19, entre los que sitúa la corrección de la brecha en el nivel de protección de los trabajadores con contrato temporal y aquellos con contrato fijo. Señala que los temporales, entre los que se incluyen colectivos más vulnerables como los jóvenes o los trabajadores con menor formación, han soportado «de manera desproporcionada» la destrucción de empleo durante las últimas décadas porque su despido es más barato, patrón que también se ha observado en la crisis actual.
El Supervisor considera que el modelo austríaco es menos desigual, incentiva la movilidad y no genera tensiones de liquidez a las empresas
El Banco de España propone distintas opciones ante esta situación, como el contrato único con coste por despido creciente, pero analiza en detalle el modelo austríaco porque considera que es menos desigual, incentiva la movilidad, no genera tensiones de liquidez a las empresas y traslada las decisiones del despido a cuestiones de eficiencia y no de costes.
El BdE plantea que las empresas aportarían al fondo individual de cada trabajador 6 días por año trabajado, un importe que sería deducido de la indemnización a abonar por el empleador en caso de despido. El trabajador podría hacer uso del dinero acumulado en el fondo en caso de despido, para formación o para la jubilación. El modelo de cálculo -que toma datos de 2013 a 2016- asume una reducción del 50% de los costes actuales de despido y finalización del contrato, pero manteniendo los derechos de indemnización que los trabajadores hubieran acumulado antes de la reforma, lo que da lugar a un sobrecoste para su implantación en cuatro años de 9.000 millones. Para cubrir esa brecha propone que el Estado financie de forma decreciente durante cinco años las contribuciones empresariales: 5 días por año trabajado el primer año, 4 días el segundo año, 3 días el tercer año, 2 días el cuarto año y 1 día el quinto año, con un coste total de 8.660 millones. El BdE reconoce que su planteamiento tiene «algunas limitaciones», ya que los datos utilizados son de un periodo de recuperación económica y porque las empresas con más despidos podrían verse relativamente favorecidas.
Además, señala que con este sistema las empresas podríanser más propensas a despedir al reducirse el coste, frente a lo que plantea un sistema de bonificaciones ypenalizaciones sobre las cotizaciones a la Seguridad Social (bonus-malus) según sea menor o mayor la rotación laboral en cada empresa.
Por otra parte, el Banco de España considera importante una reforma fiscal. Sin embargo, pide al Gobierno «revisar el grado de eficiencia de todas las partidas de gasto público». La memoria indica que «es necesario priorizar los usos de los recursos públicos e incrementar su eficiencia«.
Revisión del gasto
El BdE reconoce que hay partidas que necesitarán más peso en el Presupuesto. Entre ellas destaca las partidas relacionadas con la sanidad, los cuidados de larga duración, las pensiones y la inversión pública en capital humano y en capital tecnológico. «En este contexto, el proceso de reequilibrio de las finanzas públicas que debe acometerse en el medio plazo exigirá ser muy selectivo a la hora de comprometer cualquier aumento permanente del gasto, identificar qué políticas de gasto son prioritarias, valorar cuál es la efectividad de cada una de ellas para alcanzar sus objetivos, y analizar si existe margen de mejora para incrementar la eficiencia del gasto», apunta el supervisor.
El organismo apela a los estudios que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado en los últimos años. «Han puesto de manifiesto que es posible mejorar la eficiencia en algunos capítulos de gasto muy relevantes -como el gasto farmacéutico, las subvenciones o las políticas activas de empleo-. Sería deseable tener en cuenta estas recomendaciones en el proceso de revisión integral de las cuentas públicas», añade.
En cuanto a la reforma fiscal, el BdE avala la revisión de los beneficios tributarios actuales. «Como la AIReF ha señalado recientemente, en este ámbito existe un amplio margen de mejora», considera el organismo. A su juicio, estos beneficios no solo suponen una merma muy significativa de los ingresos públicos -en el promedio del período 2016-2019 representaron un gasto fiscal anual cercano al 5% del PIB-, sino que, en algunos casos, ni siquiera están cumpliendo adecuadamente con los objetivos para los que fueron diseñados. A este respecto, la AIReF recomienda, entre otras medidas, la revisión de los tipos reducidos del IVA, la reformulación de la reducción por arrendamiento de vivienda en el IRPF y la reconsideración de los tipos reducidos en los impuestos especiales sobre el diésel.
El Banco de España pide cautela y examinar la fiscalidad internacional antes de reformar impuestos. «En algunos ámbitos concretos, es necesario que la imposición en España persiga un alto grado de coordinación internacional», apunta el documento. El BdE critica, por ejemplo, la implantación de las tasas Google y Tobin sin esperar al consenso internacional. «Sería deseable que el diseño y la calibración de estas figuras se establecieran de forma coordinada internacionalmente, para maximizar su efecto y evitar distorsiones competitivas o la deslocalización», concluye.
