El Ministerio de Trabajo y Economía Social ultima una ley para simplificar el abanico de ayudas por desempleo que existe actualmente en España, entre las que se encuentran las prestaciones contributivas (normalmente llamado paro), el subsidio por desempleo, la renta activa de inserción o los subsidios para los trabajadores eventuales agrarios que a día de hoy solo están disponibles en Extremadura y Andalucía.
“El objetivo de la propuesta que se plantea es simplificar y mejorar el marco de la protección por desempleo de nivel asistencial, creando una prestación complementaria a la prestación contributiva”, indica Trabajo en una consulta pública previa a la elaboración de la ley. “Se persigue así ampliar la protección por desempleo, mejorando la cobertura al aumentar la duración de los subsidios [que hoy duran seis meses] y eliminar las lagunas de protección del sistema actualmente vigente, compuesto por diversos subsidios y programas que dan cobertura a colectivos específicos”, añade el ministerio en el documento, donde insiste en que se pretende “una mayor flexibilidad en el acceso y permanencia en el subsidio”.
Trabajo señala a su vez que la llegada de nuevas prestaciones como el ingreso mínimo vital o la existencia de ayudas de ámbito autonómico como las rentas mínimas de inserción, han contribuido a complicar aún más un sistema de prestaciones con grandes diferencias en las condiciones de acceso, en las cuantías y en la duración de las mismas.
Todo ello ha causado, según explica el Ministerio dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que haya una serie de “desajustes” como la duplicidad entre la Administración central y las autonomías, ya que “se protege a los mismos colectivos y situaciones desde distintos niveles administrativos”. A su vez, observa Trabajo, “se produce una escasa vinculación de la protección con la inserción social y laboral”, además de que se sobreprotege a algunos colectivos, “principalmente mayores de 45 años”, y se desprotege otros, como los menores de 45 años que no tienen obligaciones familiares.
Este proyecto de ley que impulsa Trabajo ya se reflejaba en el componente 23 del plan de recuperación remitido a Bruselas, en el que se indicada la necesidad de realizar “una revisión” de las subvenciones y bonificaciones a la contratación, ya que “no han logrado resolver los problemas estructurales del mercado laboral español, demostrándose poco eficaces”. En este componente del plan se especifica que es “urgente vincular el ingreso mínimo vital con el tránsito de la exclusión social al empleo”.
