Según van pasando los días y la guerra en Ucrania se enquista y recrudece, las consecuencias económicas lo hacen también. En España, cada minuto que pasa crecen las presiones de numerosos agentes económicos para que el Gobierno apruebe medidas concretas e inmediatas para abaratar los precios energéticos y paliar los daños que están sufriendo numerosos sectores por la crisis de los precios y del abastecimiento en muchas cadenas de suministro.
Ayer estas presiones llegaron a través de distintas voces a lo largo del día, antes de que a última hora de la tarde las tres vicepresidentas del Gobierno, junto a otros representantes ministeriales, recibieran a los líderes de las organizaciones empresariales y patronales sindicales para avanzar en el diseño del plan nacional de respuesta a la guerra y sus efectos económicos.
Al límite de las 21.00 horas, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, comunicó haber compartido con patronal y sindicatos los ocho ejes que tendrá el plan de respuesta que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros el próximo martes. Estos ocho objetivos son los siguientes: bajar el precio del gas y de los carburantes, respaldando especialmente a los colectivos más vulnerables; apoyar a los sectores y empresas más afectados; reforzar la estabilidad de precios; garantizar los suministros; establecer medidas de apoyo financiero, a través del ICO, para las empresas; acelerar el despliegue del plan de recuperación, en particular la transición energética; incentivar la eficiencia energética, y la ciberseguridad.
Preguntada por el detalle de las próximas ayudas financieras gestionadas por el ICO, Calviño aseguró que “están estudiando todas las posibilidades”, en referencia a cuestiones como ampliar las moratorias de los créditos concedidos, que vencen en abril, o abrir nuevas líneas. “Estamos viendo cuáles son las medidas que mejor puedan impactar desde el punto de vista de la estabilidad financiera”, dijo la ministra.
A esto Calviño añadió un acuerdo de negociación colectiva, que incluya la política salarial para los próximos años que ya negocian patronal y sindicatos. Insistió en que el Gobierno “acompañará” a los agentes sociales, aunque quedará al margen de esta negociación,
El secretario general de CC OO, Unai Sordo, valoró esta reunión pero hizo hincapié en que las medidas imprescindibles son las destinadas a la modificación del sistema del cálculo del precio de la energía. “Para que haya un pacto de rentas son necesarias medidas contundentes que bajen el precio de la electricidad”, dijo Sordo. Y añadió su rechazo a que la bajada de impuestos sea generalizada y defendió que se aplique solo a los sectores más vulnerables.
Antes de este encuentro, el líder de UGT, Pepe Álvarez, exigió al Ejecutivo que “acelere el proceso de materialización” del mecanismo Red de ERTE específicos para las empresas más afectadas por la guerra debido a cualquier causa (costes, suministro, etc.). Esta posibilidad podría negociarse en los próximos días.
Las protestas siguen en la calle
Tras las grandes concentraciones y protestas de trabajadores del campo y el transporte vividas durante los últimos días, el líder de CC OO, Unai Sordo, destacó ayer tras reunirse con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que a la espera de saber qué decisiones tomará el Gobierno tras el Consejo Europeo del jueves y el viernes –donde España intentará modificar la fórmula de fijación de precios de la energía–, los sindicatos CC OO y UGT mantienen y refuerzan las movilizaciones convocadas para mañana miércoles, para exigir la contención de los precios de la energía. El líder ugetista, Pepe Álvarez, coincidió en que después del encuentro europeo “habrá que ver las competencias que tenga el Estado y que tendrá que ejercer el gobierno incluso estirándolas a fondo”.
Estas movilizaciones de mañana han sido covocadas, además de por CC OO y UGT por las organizaciones de autónomos Uatae y UPTA y de consumidores como CEAV y Facua para exigir al Gobierno español y a la UE que actúen para contener la escalada de precios, proteger el empleo y frenar el deterioro de las condiciones de vida.
