El Gobierno aprobará este martes la prórroga de las condiciones de los ERTE de fuerza mayor con o sin acuerdo social, ya que, aunque los sindicatos parecen estar conformes con el último texto del Ejecutivo, la patronal evita hablar de preacuerdo y dejará que sea su Comité Ejecutivo el que decida si lo respalda.
Tras casi diez horas sentados a la mesa, el Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme han dado por concluidas unas negociaciones intensas, de las que ha salido un último documento que en las próximas horas los agentes sociales someterán a la aprobación de sus respectivos órganos de gobierno.
Fuentes de la negociación han explicado que durante la reunión, que comenzaba este lunes a las 11.00 horas, los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social han mejorado la propuesta respecto a las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social que los empresarios siguen pagando por los trabajadores incluidos en ERTE.
Sin embargo, uno de los principales puntos de conflicto en las negociaciones han sido los sectores que podrán seguir acogiéndose a las condiciones extraordinarias de los ERTE de fuerza mayor.
Para los especialmente afectados, definidos en una lista detallada de actividades CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que básicamente incluirían las relacionadas con el transporte y el turismo, las bonificaciones en las cuotas sociales serían del 85 % y el 75 % en función del tamaño de la empresa.
También se aplicarían estas ayudas a las empresas que formen parte de la cadena de valor de estos sectores y a empresas de otros ámbitos que demuestren depender de ellos y cuya facturación haya caído significativamente.
Actualmente, siguen en ERTE unas 600.000 personas, de las que 400.000 estarían directamente en los CNAE de empresas especialmente afectadas que propone el Gobierno.
La lista de actividades ha sido uno de los mayores motivos de discrepancia de CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, ya avisaba esta mañana de que si «mucha gente se queda fuera» de los ERTE para los sectores especialmente afectados tendrían que «decir que no» al acuerdo.
Fuentes de la patronal han explicado que en estos momentos en ningún caso se puede hablar de «preacuerdo» ni de «acuerdo» y que este martes por la mañana someterá el documento a su Comité Ejecutivo.
Las actividades que queden fuera de la lista o que no dependan de alguna manera de ellas ya no podrán acogerse a las ventajas establecidas a los ERTE por fuerza mayor.
Para estas empresas solo quedaría la opción de los ERTE de rebrote, para los que el Gobierno habría mejorado también las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social inicialmente propuestas, según han explicado fuentes de la negociación.
Estos ERTE de rebrote pueden tener un carácter total o parcial, en función del grado de parón de la actividad derivado de las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19.
Por parte de los sindicatos no parece que vaya a haber problemas en respaldar la propuesta del Gobierno.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado seguro de conseguir el apoyo de la organización para refrendar la prórroga de los ERTE y ha «animado» a la CEOE a hacer lo mismo.
Desde CCOO, han calificado de «avance sustancial» el documento, que someterá esta misma noche a su Comité Confederal para lograr su respaldo, habida cuenta de los avances en la protección de los trabajadores que han ido logrando en las negociaciones.
Fuentes de las negociaciones explicaban que el acuerdo incluirá el mantenimiento de la cuantía de la prestación por desempleo, dejando sin efecto el recorte que según la ley experimentaba a los seis meses, e introduce cambios respecto al llamado «contador a cero».
Esta medida, por la que el Gobierno reponía a los trabajadores en ERTE los derechos a cobrar una prestación por desempleo en el futuro si fueran despedidos, quedará sin efecto a partir del 1 de octubre, momento desde el que las prestaciones comenzarán a computar.
No obstante, deja fuera a todos los sean despedidos de forma improcedente, incluidos en un ERE o cuyo contrato finalice desde ahora y hasta finales de 2021.
Los agentes sociales también parecen haber logrado consensuar para los trabajadores fijos discontinuos cuya temporada ha finalizado sin tener derecho al desempleo una prestación especial por el 70 % de la base reguladora y durante la vigencia del acuerdo.
