Los temporeros solo podrán desplazarse con una declaración responsable sujeta a un contrato de trabajo y a un domicilio. Esta es una de las medidas contempladas en la orden que prepara el Gobierno de Aragón para intentar frenar una oleada de contagios de covid ligada a la recolección de la fruta, como ocurrió el pasado verano.
Los preparativos de la próxima campaña se trataron este martes en una reunión de los consejeros de Sanidad (Sira Repollés), Economía (Marta Gastón) y Agricultura (Joaquín Olona), quienes coincidieron en la necesidad de evitar «que vuelvan a repetirse los problemas de la anterior». En los próximos días saldrá publicada una orden conjunta de los tres departamentos para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral, cuyo avance conocieron este martes los sindicatos agrarios a través de los medios de comunicación.
La normativa obligará a los empleadores a comunicar, antes del inicio de la campaña, las previsiones de contratación, a través de la presentación de una declaración responsable en la que se comprometerán expresamente a cumplir las condiciones laborales y sanitarias y a dotar a los trabajadores temporales de unos alojamientos y unos medios de transportes adecuados. Asimismo, el empleado solo podrá desplazarse con un documento del mismo tipo sujeto a un contrato de trabajo y donde figure su domicilio.
«No se necesitan 30.000»
Según subrayó el consejero Olona, «en la medida en que se trata de trabajadores temporales desplazados, que vienen incluso de otros países, son los fruticultores como empleadores quienes deben facilitar las debidas condiciones de alojamiento». No se permitirá «de ningún modo», aclaró, «ningún tipo de llamamiento» que provocar la llegada masiva de personas. El grueso de la campaña se concentra en los meses de julio y agosto, añadió, «no necesitamos en Aragón más de 15.000 trabajadores. Es preocupante que ya se hayan empezado a dar cifras irreales de 30.000 empleos, que ni siquiera se necesitarán».
El responsable de Agricultura hizo hincapié en la «firmeza» del Ejecutivo autonómico para hacer cumplir a los empleadores las condiciones de seguridad y salud, «independientemente de que sean grandes, pequeños o medianos». Como en el resto de las actividades económicas, cree que son ellos los responsables de poner los medios.
Óscar Moret, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, recordó que fueron los empresarios los que propusieron ya el año pasado que los temporeros llegaran con un contrato o un compromiso del empleador para darles trabajo, especificando el nombre de este y el lugar de alojamiento. No obstante, cree que esto no es una garantía para evitar la llegada de temporeros sin papeles, como ocurrió en 2020, cuando Fraga tuvo que habilitar un albergue para sacarlos de la calle. «Habrá gente que se desplace sin contrato, y eso nosotros no podemos controlarlo. Otro problema va a ser encontrar vivienda a todo el mundo», declaró el corresponsable del sector de fruta del sindicato agrario. El alojamiento es una cuestión «que también preocupa a los ayuntamientos y a los empresarios», afirmó Moret, quien reprochó a Olona que, antes de lanzar el anuncio de la orden, no se hubiera reunido con los sindicatos y los representantes municipales para escuchar sus inquietudes.
Con PCR negativa
El sector agrario está manteniendo estos días reuniones internas para preparar la campaña. Una de las propuestas en materia sanitaria pasa por exigir a los trabajadores que vengan con PCR negativa, «incluso asumiendo el coste los empleadores». El objetivo es demostrar que los empresarios cuidan la salud en las fincas y con ello en las poblaciones de las comarcas frutícolas para que se deje de estigmatizar al sector.
La orden conjunta incorporará como anejo una revisión de la guía para la prevención y control del coronavirus en las explotaciones, que se enviará en los próximos días a las organizaciones agrarias y sindicatos para que pueda hacer sus aportaciones.
Además, el Ejecutivo ha anunciado que intensificará las inspecciones en el campo y trabajará con el resto de las administraciones para incrementar los controles en las zonas donde se concentran los trabajadores temporales.
