El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha comparecido este lunes en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, donde ha señalado que se dará hasta 12.060,12 euros en un pago único a quienes demoren su jubilación y reducirá hasta un 21% la de quienes se jubilen anticipadamente. Además, ha incidido en que la última propuesta con respecto a la revalorización de las pensiones consiste en hacerlo con el IPC del año anterior con la opción de ajustar en los tres años posteriores si la inflación es negativa.
Sobre la primera cuestión, el ministro ha indicado que el planteamiento parte de la mejora de los incentivos para prolongar la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación. Así, según ha explicado, se ofrecerán tres tipos de incentivos, entre los que el trabajador podría elegir, favoreciendo la máxima flexibilidad para cada persona.
La primera opción sería la de un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora; la segunda un pago único (de hasta 12.060,12 euros por año de demora para las carreras superiores a más de 44 años y medio) y una tercera que consistiría en una combinación de ambas.
En cuanto a la jubilación parcial, el planteamiento del Ministerio consiste en «flexibilizar su uso, a la vez que se corrige el abuso que se ha hecho de esta figura en algunos momentos». El ministro ha explicado que ha planteado a los agentes sociales la posibilidad concentrar hasta el 60% de la jornada el primer año, con la posibilidad de que en algunas actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros se pueda acumular totalmente al inicio.
Más penalización para la jubilación anticipada
En el lado opuesto, el ministro ha explicado que los coeficientes reductores para la jubilación anticipada aumentarán del 16% al 21% para un trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados que quiera jubilarse dos años antes de lo que le toca. Sin embargo, si se jubila un año antes, el coeficiente pasará a ser del 2% al 3,26%. En el caso de los trabajadores con más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses, el coeficiente por jubilarse 24 meses antes pasará del 15% actual al 19%.
Para los trabajadores de más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, la jubilación anticipada dos años antes pasará a tener un coeficiente reductor del 17% frente al 14% actual y del 2,96% para quienes se jubilen un año antes (frente al 1,8% actual). Por último, la penalización para quienes tienen una carrera de 44 años y medio y decidan jubilarse dos años antes, el coeficiente se mantendrá en el 13%, pero si se jubilan un mes antes pasará del 1,6% actual al 2,81%.
El ministro ha apuntado que con estas medidas se persiguen dos objetivos, el de incentivar la permanencia en el empleo y el de eliminar los elementos regresivos que tiene el sistema actual. Para cumplir con ello, el Ministerio plantea que los coeficientes reductores sean mensuales, en lugar de trimestrales como lo son en la actualidad, «de forma que favorezcan la permanencia en el empleo al adaptarse mejor a cada situación y permitir decisiones más meditadas a cada trabajador. Escrivá ha indicado también que el sistema planteado mejoraría la equidad, ya que los coeficientes se aplicarían sobre la cuantía de la pensión, lo que hará que tengan los mismos efectos para todos, algo que actualmente no sucede en el caso de los trabajadores que cotizan por la base máxima.
Por otro lado, el ministro también ha dejado claro que no pueden existir cláusulas de jubilación forzosa. No obstante, ha explicado que para las cláusulas que se hubieran incluido en los convenios colectivos bajo la normativa actual se pondría en marcha después de la finalización del convenio y existiría un periodo transitorio.
Revalorización con el IPC
La nueva fórmula para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, ha subrayado, se vinculará al IPC del año anterior y, si se da el caso de que hay inflación negativa en algún ejercicio, la pensión se mantiene pero se compensa a lo largo de los tres siguientes para «que no haya sesgo de ganar poder adquisitivo». Este sistema de compensación no se aplicaría a las pensiones mínimas.
Escrivá también ha incluido en este sistema que el Pacto de Toledo y los interlocutores sociales analicen el impacto de la revisión cada cinco años.
Este punto, garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, es uno de los cuatro que conforman el primer bloque de reforma del sistema de pensiones que se están discutiendo en el diálogo social con patronal y sindicatos y que Escrivá ve «cerca» de poder cerrar para volver al parlamento con una propuesta concreta de reforma de la ley de Seguridad Social.
Cotización de autónomos por ingresos reales
Otro de estos puntos es el nuevo sistema para que los autónomos empiecen a cotizar por ingresos reales y donde Escrivá ha detallado que se están planteando 13 tramos distintos para ajustar cotizaciones y que la idea es una implantación gradual a partir del 1 de enero de 2022, con un período transitorio.
También están en este bloque los considerados «gastos impropios» por parte del Estado, Escrivá ha defendido que supondrá la eliminación del déficit presupuestario en 2023.
Los otras medidas de esta primera tanda pasan por endurecer las condiciones de jubilación anticipada, modificando los coeficientes que aplican, e incentivar la demora de la jubilación voluntaria en aras de acercar la edad real de jubilación a la legal
