El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto por el que el uso de mascarillas deja de ser obligatorio en espacios interiores a partir de este miércoles, salvo excepciones.
En el ámbito laboral, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, precisó que, aunque no será imperativo que se use en el trabajo, la última palabra la tendrán los servicios de prevención de cada empresa. Serán ellos los que deberán hacer una evaluación del entorno laboral y de cada puesto de trabajo para establecer las medidas preventivas necesarias, incluido el posible uso del cubrebocas.
A la falta de más detalles, tanto empresas como sindicatos están a la expectativa del texto definitivo, que se ha publicado este miércoles en el BOE. La Central Sindical Independiente de Funcionarios precisó ayer que, hasta el momento, las Administraciones públicas aún no han recibido directrices sobre la retirada de las mascarillas, por lo que reclaman la convocatoria extraordinaria de los comités de seguridad y salud laboral en los diferentes ámbitos de los trabajos públicos y también en los privados. Comisiones Obreras está a la espera de conocer la letra pequeña de la norma, pero UGT ya dijo ayer que las empresas están obligadas a garantizar una adecuada ventilación y que se conserve la distancia de seguridad. A su vez, espera que la norma contemple aquellos espacios en los que el riesgo de contagio es mayor, como comedores y ascensores.
Por su parte, la Asociación Española de la Banca explicó ayer que seguirá exigiendo el uso de la mascarilla cuando no se pueda guardar la distancia mínima de seguridad, pues lo “fundamental para las entidades es garantizar la seguridad de sus clientes”.
Mayores detalles ofreció Darias con relación a los ámbitos en los que la utilización de la mascarilla seguirá siendo imperativo. En primer lugar, en los centros, servicios y establecimientos sanitarios. Esto incluye las farmacias, los hospitales y los centros de salud y de transfusión de sangre. En los hospitales, sin embargo, las personas ingresadas estarán exentas de llevarla cuando estén en su habitación.
En segundo lugar, en los centros sociosanitarios como las residencias de mayores, aunque no serán los residentes sino los trabajadores y visitantes los que tendrán que portar la mascarilla. Y, en tercer lugar, en el transporte aéreo, por ferrocarril, por autobús, en metro y también en los transportes en barco cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros. Sin embargo, no será necesario usarla en los andenes o accesos a los autobuses, sino solo cuando se esté en su interior.
La nueva norma deja sin efecto el Real Decreto 115/2022 que se aprobó en febrero, por lo que tampoco habrá que portar la mascarilla en eventos multitudinarios que se realicen en recintos cerrados, como partidos de fútbol o baloncesto.
Además de estos entornos en los que se mantendrá el uso obligatorio, el decreto recomienda un uso responsable de las mascarillas entre la población vulnerable, que incluye a personas mayores de 60 años, inmunodeprimidos, mujeres embarazadas, enfermos crónicos o profesorado con algún factor de vulnerabilidad. También es recomendable en eventos multitudinarios, aglomeraciones y en reuniones privadas cuando haya presentes personas en riesgo.
Durante su comparecencia de ayer, la ministra de Sanidad defendió que el país se encuentra en “un contexto epidemiológico favorable” para quitar la obligatoriedad de la mascarilla. Recordó que en abril del año pasado la ocupación de las UCI era del 21%, mientras que ahora es del 4%, aunque la incidencia sea casi del doble.
La baja incidencia se debe, según explicó Darias, a la “altísima tasa de vacunación”, pues el 92% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa, es decir, 39 millones de personas. Por su parte, el 50% de los niños de 5 a 11 años también tiene todo el esquema completo de vacunación.
