De hecho, la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón, presidida por el Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, ha fijado en 19.270 las inspecciones previstas para 2017, informan en una nota fuentes del ejecutivo autonómico.
Igualmente se intensificará la cooperación y el intercambio de información para incrementar la eficacia de las actuaciones de la Inspección de Trabajo mediante un nuevo convenio de colaboración entre el Estado y el Gobierno de Aragón, que se firmó el 26 de septiembre.
El convenio designa a la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, como Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en las materias de su competencia, y la creación de una comisión operativa bilateral, que se reunirá cada seis meses, para impulsar y realizar el seguimiento de los objetivos que se establezcan.
En la última reunión la comisión ha aprobado la realización de 74 líneas de trabajo o campañas dando carácter prioritario a la tramitación de 12.885 expedientes para la consecución de objetivos específicos.
En 2017 se continuará con las actuaciones orientadas a mejorar la calidad del empleo, vigilando el respeto de los derechos básicos de los trabajadores en materia de contratación, salarios, horario de trabajo, condiciones de seguridad y protección social.
Las actuaciones de control se completarán con labores de información y asistencia técnica y con el fomento del cumplimiento voluntario de las normas.
En prevención de riesgos laborales se realizarán 2.290 expedientes distribuidos en 29 campañas, prestando especial atención a los sectores con mayores tasas de accidentalidad y de mayor gravedad, y se investigará el mayor número posible de accidentes, incluyendo las afecciones no traumáticas.
En el ámbito de las relaciones laborales y el empleo, 2.446 inspecciones se orientarán de manera preferente al control de la temporalidad en la contratación, la vigilancia del tiempo de trabajo, especialmente los excesos de jornada y contratos a tiempo parcial, la correcta aplicación de la ayudas a la contratación y a la formación profesional, y la vigilancia del principio de igualdad.
La lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo no declarado se organizará mediante la programación de 2.532 expedientes basados en los acuerdos alcanzados con la Tesorería General de la Seguridad Social, el Sepes, el INSS y la Agencia Tributaria, y mediante la realización de 5.617 controles de economía irregular.
Todo ello para detectar deficiencias de cotización de las empresas, encuadramientos indebidos, empresas ficticias, prestaciones indebidas y el afloramiento de los trabajadores a los que no se reconoce su alta.
