El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer durante su tradicional intervención en el Círculo de Economía, un plan económico con el objetivo de relanzar el empleo y la economía. Este anuncio se produce apenas seis días después de su caída electoral en las Elecciones Europeas. Aquí van ocho claves para comprender mejor sus pasos.
Impuesto de sociedades: Las empresas pagarán menos impuestos. El tipo nominal (el efectivo que se paga en realidad es mucho menor) de las tasas que pagan las grandes empresas pasará del 30% actual al 25%. Con esta rebaja, que se producirá gradualmente en un plazo de dos años, las grandes empresas pagarán lo mismo que las pymes.
La rebaja de este gravamen no supone una sorpresa: Montoro lleva semanas confirmándolo, y, además, es uno de los más altos de Europa (nos superan Francia y Alemania, eso sí, con un 34,4% y un 30,2%). Pero faltaba concretar la magnitud de la reducción. El informe del comité de expertos para la reforma fiscal apostaba por rebajar el gravamen del 30% al 25% en una primera fase para, posteriormente, volver a reducirlo hasta el 20%. Pero faltaba concretar la magnitud de la reducción. Esta segunda etapa es, todavía, una incógnita.
Reforma del IRPF: El Gobierno va a tocar también el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el llamado IRPF, el que pagamos en primavera. La idea que maneja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pasa por reducir a cinco los actuales siete tramos. Es probable que cuando se produzca esta modificación, el tipo marginal máximo se establezca para rentas superiores a 120.000 euros frente a los 300.000 euros que contempla ahora la legislación. Aunque otra opción es que Hacienda rehaga de nuevo los tramos y tipos del impuesto.
Hacienda trabaja también con la idea de elevar los mínimos libres de tributación, especialmente para las familias con hijos. Por otra parte, el presidente del Gobierno ya anunció que la reforma fiscal incluirá una medida para liberar del IRPF a los que ganan menos de 12.000 euros anuales.
Plan de inversión: El Gobierno del Partido Popular exasperará buen seguro a los liberales más ortodoxos con el anuncio hecho ayer por su presidente. El Ejecutivo lanzará antes del verano un plan de reactivación dotado de 6.300 millones, de los cuales 3.630 millones provendrán del sector público. No habrá, sin embargo, fondos nuevos para este programa para no incurrir en más gasto, de modo que sus partidas deberán provenir de fondos ya recibidos o asignados.
El plan contempla destinar 750 millones a la reindustrialización y la competitividad. Además, contará con una partida de más de 600 millones a cargo del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. España, además, contribuirá con 800 millones de euros en la iniciativa PYME de la Unión Europea, que tiene como objetivo aumentar el volumen de créditos a pymes, incorporando recursos conjuntos de los fondos europeos y del Banco Europeo de Inversiones.
Reforma en el empleo: El Gobierno ha anunciado que modernizará los servicios púbicos de empleo. Y es que, estos organismos apenas coparon el pasado año el 2% del total de contrataciones. La modernización de estos servicios ha sido, de hecho, una reclamación en voz alta de Bruselas y del BCE desde hace meses, que reclaman a su vez la mejora de las políticas activas de trabajo, la liberalización de los servicios profesionales y la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
En este ámbito, Rajoy ha anunciado que se llevará a cabo la plena implementación del acuerdo para la colaboración de las ETT en la intermediación laboral y la puesta en marcha del portal único de empleo y autoempleo.
Ayudas a la compra de vehículos: Otro anuncio que entraba dentro de lo previsto pero que, aún así, ha agradado al sector industrial. El Gobierno renovará el plan PIVE de ayudas a la compra de turismos (será ya su sexta edición) y pondrá en marcha el plan PIMA Aire 4 para automóviles comerciales, así como un programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y un plan de renovación de la flota de vehículos pesados. Según los datos de la patronal de fabricantes, lo cinco planes anteriores del PIVE aportaron una generación económica de más de 6.000 millones a la economía española y una recaudación de más de 2.000 millones.
Reformas legislativas: Las pidió a finales de la semana el presidente de Telefónica, César Alierta. El Gobierno ya trabaja en la reforma de la Ley Concursal, que busca aligerar los trámites de convenios con acreedores. Además, baraja algunas, como la «racionalización» de la normativa medioambiental y urbanística o la lucha contra el incumplimiento de plazos administrativos en la concesión de licencias urbanísticas.
Por último, el presidente ha anunciado medidas para mejorar el funcionamiento del mercado de transporte, si bien no aún no existen detalles al respecto.
Decreto de renovables: Una de las industrias en las que ha despuntado España. La crisis llevó a una modificación de su lgislación y a la desaparición del sistema de primas a la producción. El Consejo de Ministros está a punto de aprobar el decreto por el que las instalaciones tendrán derecho a una retribución por su inversión y costes de operación con una rentabilidad de casi el 7,5%.
Una cuestión muy contestada es la fijación del precio de mercado para establecer la retribución. Se produce mediante una media aritmética de los precios de mercados de futuros del último semestre de 2013, que están muy por encima del precio real actual. Si esto no cambia, la retribución de las empresas será menor y, aunque después de les regulariza, entre tanto lo financian ellas.
Menores cotes de financiación: Todo esto será posible gracias a los menores costes de financiación. Esta semana, el Tesoro Público volverá a los mercados. Será la primera emisión después de que las tres grandes agencias de calificación -Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s- hayan elevado la calificación crediticia de España.
Lo hará en un momento en el que tanto la prima de riesgo como la rentabilidad de la deuda cotizan en mínimos históricos, lo que permite reducir los costes de financiación. Esta medida resulta cave para apaciguar el déficit. La Comisión Europea (CE) prevé que España cumpla este año el objetivo, un 5,8%, al situarlo en el 5,6 %, pero cree que incumplirá la meta fijada para 2015 si no toma más medidas para atajar el desvío.
(Noticia extraída de CINCO DÍAS)
