El Gobierno ha aprobado en los últimos días una batería de medidas económicas, laborales y fiscales, incluyendo la movilización de 200.000 millones de euros, para combatir los efectos de la pandemia de coronavirus. Estas son las principales:
Medidas para empresas
Línea de avales de hasta 100.000 millones de euros a disposición de las empresas. Avales adicionales por 2.000 millones para empresas exportadoras.
Pymes y autónomos pueden aplazar deudas tributarias con la administración (como retenciones de IRPF o cuotas repercutidas de IVA) por hasta 30.000 euros y un plazo de seis meses con tres meses de carencia.
Se establece un régimen de suspensión de contratos públicos para las empresas contratistas con la Administración, que supondrá la ampliación de plazos y la compensación de salarios.
Reforma de la normativa sobre inversiones extranjeras para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea (UE) puedan hacerse con el control de entidades españolas de sectores estratégicos aprovechando su caída en bolsa.
Aplazamiento del reembolso de préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Medidas laborales
A los trabajadores contagiados por el coronavirus o en aislamiento preventivo se les concede baja por enfermedad profesional, lo que permite cobrar la prestación desde el primer día, por un mayor porcentaje del salario -75% de la base reguladora- y con cargo a la Administración.
Todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) relacionados con el coronavirus se consideran de fuerza mayor y se agiliza el procedimiento para que se resuelvan en 7 días.
Todos los trabajadores afectados por un ERTE tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
El tiempo que se perciba la prestación por desempleo durante un ERTE no computará a efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
Los trabajadores socios de cooperativas que hayan visto suspendida o reducida su jornada por el coronavirus podrán acceder a la protección por desempleo.
También tendrán protección por desempleo los trabajadores fijos discontinuos y los que realizan trabajos fijos y periódicos en fechas ciertas que se hayan visto afectados por la situación.
Se reconoce el derecho a adaptar o reducir la jornada a los trabajadores que acrediten deberes de cuidado derivados de las medidas para combatir el coronavirus, sin límite ni preaviso.
La evaluación de riesgos del teletrabajo se da por cumplida con una autoevaluación realizada voluntariamente por el trabajador.
Medidas para autónomos
Los autónomos cuya actividad se haya visto suspendida por la declaración del estado de alarma o que sufran pérdidas severas por esta situación podrán acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad, que se calculará con el 70% de la base reguladora o el 70% de la base mínima cuando no se pueda acreditar el derecho a prestación.
Los autónomos en esas condiciones quedarán exonerados de pagar las cuotas a la Seguridad Social.
Medidas para el sector turístico
Línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe de 400 millones de euros para atender la liquidez de empresas y autónomos del sector turístico.
Ampliación de las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre febrero y junio vinculados al turismo.
Flexibilización de las reglas de franjas aéreas (slots) para que las aerolíneas no se vean obligadas a utilizarlas por miedo a perderlas.
Los billetes de Renfe pueden cancelarse o cambiarse sin coste.
Se suspenden los viajes del Imserso y se devuelve el importe de los viajes contratados.
Medidas para colectivos vulnerables
Las familias que se vean más afectadas por la crisis del coronavirus, entre ellas las afectadas por ERTE, podrán acogerse a una moratoria que les libre de pagar sus hipotecas durante un tiempo.
Se prohíbe cortar los suministros de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables.
Los precios de la bombona de butano y la tarifa regulada del gas se mantienen congelados los próximos seis meses.
Se destinan 600 millones de euros a financiar prestaciones básicas de servicios sociales autonómicos y locales, en particular asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.
