Un total de 107 explotaciones agrícolas de Aragón han recibido por el momento la visita de los funcionarios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que este año a las habituales actuaciones para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de la prevención de riesgos han sumado actuaciones específicas para verificar el cumplimiento de las medidas exigidas por las autoridades sanitarias para evitar la expansión de la covid-19.
De este primer paquete de inspecciones ya concluidas, la Inspección ha propuesto 58 sanciones por diversas infracciones, que afectan a 437 trabajadores. Las multas suman tras este primer centenar de actuaciones que suma un importe total de 231.146,57 euros.
Los datos los ha ofrecido este jueves la consejería de Economía del Gobierno de Aragón, que avanzó que actualmente hay iniciadas otras 40 inspecciones en las campañas agrícolas de la Comunidad.
De total de las infracciones detectadas, prácticamente la mitad, un total de 27, están relacionadas con la Seguridad Social. Los expedientes sancionadores hacen referencia tanto a la falta de alta de trabajadores en la Seguridad Social, como a la ausencia de comprobación por parte de la empresa del alta en la Seguridad Social de personas subcontratadas.
Según los datos del Departamento que lidera Marta Gastón, otras 18 de las infracciones detectadas están relacionadas con aspectos vinculados a las relaciones laborales, especialmente en lo que se refiere a salarios, jornadas o condiciones de trabajo, mientras que doce infracciones tienen que ver con la contratación de inmigrantes ilegales, y la sanción restante con las condiciones de seguridad y salud laboral en el lugar de trabajo. El resto de las sanciones propuestas está vinculado con las condiciones de seguridad y salud laboral en el lugar de trabajo.
18 advertencias
Además de las sanciones, las inspecciones realizadas en las explotaciones aragonesas han supuesto la realización de 18 advertencias para que los responsables agrícolas cumplan con las obligaciones sanitarias asociadas a la covid-19. A esta cifra hay que sumar la apertura de 17 requerimientos para exigir el cumplimiento de las normas o subsanar deficiencias detectadas, de los que ocho tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, cinco se incluyen en materia de relaciones laborales y cuatro están relacionadas con la Seguridad Social.
Para la lucha contra el coronavirus, la Inspección de Trabajo pactó un criterio operativo con el Ministerio de Sanidad para colaborar en la detección de incumplimientos de las obligaciones de salud pública asociadas a la Covid-19 y en la realización de advertencias a empresas. En Aragón, se han articulado mecanismos específicos de coordinación que permite el intercambio de información con carácter inmediato, la remisión de brotes o contagios identificados y la realización de visitas conjuntas.
